jueves, 2 de diciembre de 2010

El dedo en la llaga. Guerra interna deja más de 2 mil 500 uniformados muertos y heridos en 2010

El silencio oficial sobre la dramática cifra es evidente. La Corporación Nuevo Arcoíris reveló un estudio según el cual en Colombia van en lo corrido del año 2010  más de 2 mil 500 uniformados muertos y heridos como resultado de las confrontaciones entre tropas oficiales y miembros de las organizaciones insurgentes.
La corporación que dirige León Valencia, desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista CRS presentó este miércoles 1 de diciembre los resultados del  informe denominado ‘Balance de las Farc después de Jojoy y los nuevos carteles del narcotráfico’,  en el cual se señala además, que la guerrilla colombiana, muestra una gran capacidad de adaptación y que ahora su estrategia es llegar a Bogotá y cambiar el modo de operar.

De acuerdo al estudio las FARC adoptaron una nueva  forma  de actuar en sus acciones contra los organismos del estado, dividiéndose en  pequeños grupos, con  minado de territorios y utilización de armamento artesanal.

Sostiene León Valencia, director de Nuevo Arcoíris, que es un error  pensar que se está cerca del fin de la guerrilla en Colombia, pues estas organizaciones levantadas en armas muestran una capacidad ofensiva pese a  los golpes que le ha propinado la fuerza pública. Las Farc mantienen presencia en el 50 por ciento del país y ahora aplican una nueva estrategia de guerra con el Comando Conjunto de Occidente, al mando de alias Alfonso Cano, en departamentos como Nariño , Valle del Cauca, Cauca y Chocó.

El informe de la ONG dista del triunfalismo oficial que tiene enceguecidas a las autoridades y no le permite al presidente Juan Manuel Santos ver salidas distintas  a  la fuerza  y al  militarismo  para encontrar una luz al final del túnel. En el momento actual la comunidad internacional debería  actuar con mayor insistencia para dar un viraje de 180 grados  a la situación proponiendo  posibilidades de acercamientos en la meta de los  acuerdos humanitarios y diálogos civilizados. En Colombia, de la misma manera, los sectores sociales y políticos, defensores de derechos humanos y familiares de policías y militares en manos de la guerrilla tienen el deber de seguir presionando para que las partes logren sentarse y hacer viable un nuevo ambiente para un acuerdo para la paz y las reformas  democráticas para la plena  justicia social.

martes, 30 de noviembre de 2010

DECLARACIÓN FINAL DEL IX FESTIVAL NACIONAL DE LA JUVENTUD - JUVENTUDES BICENTENARIO / Bogota, 26-29 de Noviembre de 2010‏

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En el marco del Año Internacional de la  Juventud 2010- 2011, rescatamos la historia  de los Festivales Nacionales de Juventud en Colombia. La lluvia ha traído el recuerdo de nuestra identidad  durante estos 200 años, la memoria  ha dado origen  este, El acontecimiento, y en el aire se respira el aliento de esperanza, transcurre la fuerza del sentimiento, del pensamiento y de  las  palabras de los y las  jóvenes  del  territorio colombiano que no olvidamos y  nos resistimos a perder la ilusión de transformar nuestras realidades.

Teniendo en cuenta la situación actual y el momento que nos propone la historia a las juventudes de Colombia, más de 2000 jóvenes  de 28 departamentos del país, desde la inclusión, la diversidad y la pluralidad, nos dimos cita en la ciudad de Bogotá del 26 al 29 de noviembre, en el máximo espacio de participación y construcción  colectiva del tejido asociativo juvenil: El IX Festival Nacional de la Juventud - JuventudEs Bicentenario.

En medio de las dificultades propias de estas dinámicas y con  espíritu democrático, acordamos durante tres Comites Nacionales Preparatorios - CNP (realizados en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Popayán) trabajar sobre las problemáticas y propuestas en relacion con la promocion de la  ciudadania juvenil, la participación social, política y la construcción de lo publico desde la pluralidad; la prevencion de las violencias; la erradicación de las causas del conflicto social armado; la garantía y proteccion del Estado y la sociedad en general de los Derechos Humanos, el repudio de cualquier acto de violento independiente del actor armado que lo genere, tanto en el plano juvenil como en los diferentes contextos del país,  que nos dan una luz de inclusión ante las pobrezas en el marco de la construcción de paz; el reconocimiento de las  identidades, subjetividades y las expresiones  juveniles;  la protección y la conservación  del ambiente y la defensa de la vocación  campesina como estrategias de la territorialidad, todo lo anterior con perspectiva de genero y diversidades.

Fruto de estas deliberaciones, ratificamos la necesidad de promover la conformación de diversos escenarios para el encuentro, la participación y organización juvenil, potencializando el papel de los espacios  en todos los niveles territoriales hacia la consolidación de la Plataforma Nacional de Juventudes. Acordamos el trabajo de las organizaciones nacionales juveniles en las dinámicas propias de los territorios  como referentes hacia la consecución de nuestros objetivos, y su articulación con otros espacios como los Consejos de Juventud, las redes y sectores juveniles.

Hacemos un llamado al Congreso de la República para discutir, debatir y aprobar en esta legislatura el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, al ministerio publico a acompañarnos y ser garante de nuestros derechos y al gobierno nacional y otros sectores a concertar y respetar  la esencia del mismo, concertando de esta manera con los diversos sectores los ajustes necesarios y haciendo el llamado a los diferentes actores juveniles a vincularse en la socialización, discusión, y debate del proyecto de ley. Así mismo los invitamos a reflexionar y asumir con responsabilidad sus decisiones frente a otros proyectos de ley que perciben negativamente nuestra visiones y propuestas, a transformar la mirada que tienen de nosotros y nosotras, y a vincularnos activamente a sus iniciativas desde la información y la comunicación permanente.

Instamos al gobierno nacional, a los  gobiernos locales, municipales y  departamentales a establecer estrategias de inclusión de nuestras propuestas en el diseño, implementación y evaluación de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas, reconociendo nuestro papel en la construcción de país y territorio. Solicitamos nuestra  inclusión en el Consejo Nacional de Planeación, así como en los consejos territoriales de planeación.

Exigimos la firma por parte del Gobierno Nacional y la ratificación por parte del Congreso de la República de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes CIDJ, como una muestra de su voluntad en la defensa y protección de nuestras garantías como ciudadanos sujetos de derechos.

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Hacemos un llamado a la sociedad en general a cambiar los imaginarios culturalmente construidos sobre nosotros y nosotras, que en la mayoría de los casos nos estigmatizan, criminalizan, excluyen y desconocen nuestras potencialidades y verdaderas capacidades de transformación e incidencia social.

Todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo y compromiso de todas las personas, instituciones, consejos de juventud, redes, asambleas, mesas, equipos, colectivos, semilleros, organizaciones e iniciativas juveniles que aportaron de una u otra manera en la realización de este escenario, así como a los  espacios de articulación y comités de impulso territoriales por su sacrificio y presencia en estos días, siendo conscientes que es nuestra tarea convocar a otras y otros de diferentes miradas y perspectivas e incluirlos en nuestras dinámicas.

Caminemos juntos hoy y siempre, desde el presente  hacia la construcción de formas y contenidos propios. En nuestras manos esta el encuentro de las generaciones y la continuidad del movimiento juvenil en Colombia, somos demasiado jóvenes para esperar y nos pronunciamos. Cumplimos un primer objetivo: El encuentro; dejamos a ustedes el volvernos a ver y los convocamos hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras, porque esto apenas comienza.... Bienvenidos al proceso!

De Bogotá D.C. para Colombia y el mundo, Noviembre 29 de 2010.

Esta declaración se soporta con las relatorías por  ejes temáticos, las agendas sectoriales  y el encuentro de territorios.

sábado, 27 de noviembre de 2010

Amenazada la vida e integridad personal de los detenidos Políticos por parte de los paramilitares.


La Fundación Comité de solidaridad con los Presos Políticos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los hechos que se viene presentando en el patio 8 del establecimiento de mediana seguridad de El Barne- Boyacá, y que ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad por motivos políticos.
Detenidos del patio 8 del establecimiento de mediana seguridad de El Barne, informan que el día 23 de noviembre de los corrientes en las horas de la mañana, tuvo lugar un enfrentamiento al interior del patio, entre detenidos políticos y presos del paramilitarismo. Como consecuencia de lo anterior, desde esa fecha los internos se encuentran encerrados dentro de sus celdas, como única alternativa inmediata para salvaguardar su vida e integridad personal.

Denuncian los presos políticos del patio 8 de El Barne, que en varias oportunidades habían puesto en conocimiento de las autoridades del INPEC, los graves problemas de convivencia que se presentan en el patio, por la inadecuada clasificación, que los obliga a convivir con miembros de grupos paramilitares, quienes pretenden controlar el patio y permanentemente hostigan a quienes se encuentran privados de libertad por motivos políticos. Por lo anterior, tanto los detenidos como nuestra fundación en reiteradas ocasiones hemos solicitado dar cumplimiento al artículo 63 de la ley 65 de 1993, en cuanto a clasificar a la población recluso de conformidad con la naturaleza del delito y así evitar incidentes como los ocurridos.

Para nuestra Fundación, es motivo de gran preocupación la situación en que se encuentran los detenidos políticos del EPCAMS Combita, por el incumplimiento del régimen penitenciario y carcelarios y las normas internacionales sobre clasificación de la población reclusa, que ponen en alto riesgo la vida e integridad personal de los detenidos políticos.

De otra parte, detenidos del patio 7 del establecimiento de alta seguridad de Cómbita, denuncian que el detenido ALBEIRO ATEHORTUA, desde hace varios día fue trasladado celda de aislamiento en el patio 8, por ejercer el legítimo derecho a la protesta. Al parecer la medida ha sido impuesta como una sanción anticipada, sin cumplimiento de las normas del debido proceso. El aislamiento prolongado y sin el lleno de los requisitos legales ha sido considerada por organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como una forma de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante.

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia T-412 de 2009, reconoce la grave afectación de la medida de aislamiento, y de manera particular cuando la misma ha sido aplicada con violación al debido proceso:

6.5. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deben considerar siempre alternativas a las medidas de confinamiento, que pueden ser altamente lesivas de la dignidad humana.  Por eso ha señalado que en el caso de procesos de disciplina interna, se debe hacer uso de medidas distintas al aislamiento como modo de sanción, y explorar medidas distintas al confinamiento solitario para tratar las situaciones de seguridad y protección que surjan al interior de las prisiones.[66] Es importante reiterar la importancia de este mandato, por cuanto la jurisprudencia ha constatado que en la práctica “las medidas incontinenti se extienden en el tiempo y las personas son aisladas durante periodos extensos sin tener una sanción disciplinaria”.[67]

6.6. Así pues, el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad de una medida de aislamiento para una persona privada de la libertad debe ser estricto. Este tipo de medidas, que en principio no deberían emplearse, son potencialmente lesivas de los derechos fundamentales de las personas, por lo que su uso debe ser absolutamente restringido. Es preciso que las autoridades carcelarias estén en capacidad de justificar, en especial, que la medida de aislamiento es  necesaria, esto es, que no era posible lograr los fines imperiosos que se buscan con ella, mediante medios distintos, menos lesivos de los derechos de la persona. En todo caso, la medida de aislamiento está totalmente prohibida, entre otros casos,  (i) cuando se adopta y mantiene por periodos prolongados de tiempo;  (ii) cuando se debe cumplir en un espacio inadecuado, en condiciones indignas, por ser insalubre, por ejemplo;  (iii) cuando se adopta desconociendo el debido proceso, o (iv) cuando se adopta para proteger los derechos de la propia persona sometida a aislamiento.
Como puede observarse en el presente caso la medida al parecer no se adoptó con estricto cumplimiento del debido proceso, y constituye además una sanción anticipada.

Por lo anterior, solicitamos a la comunidad nacional e internacional, pronunciarse sobre los hechos denunciados y exigir al Estado Colombiano, cumplir con las normas nacionales e internacionales de protección a la población reclusa.
Enviar comunicaciones a las siguientes direcciones:

Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidencia de la República Cra. 8 No.7-26, Palacio de Nariño Bogotá, D.C., Colombia. Fax: (+57 1) 566.20.71
Dr. Germán Vargas Lleras, Ministerio del Interior y de Justicia Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá, D.C., Colombia. PBX (+57) 444 31 00
Dr. Alejandro Ordóñez, Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Colombia. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail:
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensoría del Pueblo Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com.

 COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS- NOVIEMBRE 25 DE 2010
P/

Advierten situación a borde de guerra por maniobras EEUU-Surcorea


Pyongyang.- (PL) Corea Democrática advirtió hoy que la situación en la península está al borde de una guerra ante las maniobras anunciadas por Surcorea y Estados Unidos, días después del incidente ocurrido mientras Seúl realizaba el ejercicio bélico Hoguk.
La advertencia se refiere a las operaciones navales de cuatro días que fuerzas estadounidenses y surcoreanas iniciarán el próximo domingo, sin concluir aún ese último, previsto para terminar el martes, según se informó.

En las venideras maniobras intervendrán el portaaviones nuclear George Washington, cruceros, destructores, barcos patrulleros y de escolta.

Ante la actual situación, el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria exigió a las autoridades de Seúl prudencia al rechazar su campaña de enfrentamiento contra Pyongyang, incluido el cuestionamiento de la respuesta del Ejército Popular de Corea a la provocación del pasado martes.

En esa ocasión fuerzas surcoreanas dispararon contra aguas jurisdiccionales del Norte, de acuerdo con la agencia de noticias KCNA.

En su declaración, el citado comité afirma que "responderemos con buena voluntad a la buena fe, pero destruiremos con resuelta e implacable acción de combate a todos los provocadores que violen nuestra dignidad y soberanía".

Tras del mencionado incidente, ocurrido durante el ejercicio Hoguk, las tensiones en la Península Coreana viven un renovado incremento, reforzado con pasos como las proyectadas maniobras y el anuncio por parte de Seúl de compras de armamento, aviones de combate F-15K entre ellos, por valor de mil 230 millones de dólares el próximo año.

El gobierno surcoreano analiza además una propuesta para crear un comando en la zona fronteriza, presentada poco después que el presidente, Lee Myung-bak, ordenó al Ejército desplegar más tropas y modernizar las armas en esa área, incluida la isla de donde se realizaron los disparos hacia aguas norcoreanas.

Pasar hambre en el país más rico del mundo


En todo el planeta sufren desnutrición 925 millones de personas, esto es, poco menos que 15 por ciento de la población mundial. Irónicamente, los esfuerzos de Washington para aliviar el hambre deberían enfocarse en sus propios habitantes, señalan algunos analistas.
El Departamento de Agricultura estimó la semana pasada que 49 millones de los 304 millones de estadounidenses, entre ellos 17 millones de niños y niñas, carecieron de alimentación adecuada en algún momento de 2009. El número de los hogares con “inseguridad alimentaria” en Estados Unidos se disparó en 2008 debido a la crisis económica, y no disminuyó en 2009.

Para afrontar este problema persistente, el gobierno cuenta con programas de nutrición, que se expandieron ante la crisis económica y parecen haber funcionado en el último par de años. Pese a que el desempleo pasó a afectar de nueve millones a más de 14 millones de estadounidenses entre 2008 y 2009, la inseguridad alimentaria no se incrementó, destacó Kevin Concannon, subsecretario para Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor.

Esos números demuestran “la experiencia en todo el país de que los 15 programas federales de asistencia a la nutrición en efecto están logrando sus objetivos, esto es, responder a la gente. Hemos visto la fortaleza de esos planes en acción”, señaló.

Pero ahora, cuando Washington busca reducir su déficit fiscal, estas campañas de nutrición se ven amenazadas. Por ejemplo, el Programa de Asistencia para la Nutrición Suplementaria, antes llamado Programa de Cupones de Alimentos, está sufriendo recortes del gobierno federal. Algunos de esos recortes se deben a una redistribución de fondos para diferentes programas alimentarios, pero otros simplemente son parte de un cambio en la agenda política.

En vísperas de las elecciones legislativas a comienzos de este mes, tanto el gobernante Partido Demócrata como el opositor Partido Republicano “estaban convencidos de que cualquier discusión relacionada con la pobreza ahuyentaría a los votantes de clase media”, explicó el director ejecutivo de la Coalición contra el Hambre en Nueva York, Joel Berg. Esos votantes “ignoran la realidad de decenas de millones de estadounidenses, antes sólidamente ubicados en la clase media, que fueron arrastrados al borde de la pobreza y el hambre”, añadió.

Mientras, sigue sin aprobarse en el Congreso legislativo la renovación de la Ley de Nutrición Infantil, que destina fondos a programas alimenticios en escuelas. El presidente Barack Obama llamó a invertir 400 millones de dólares en un mejor acceso a alimentos frescos y sanos en barrios pobres, a veces llamados “desiertos de comida” debido a que las únicas opciones para sus habitantes son la comida rápida o la comida de conveniencia (platos pre-elaborados), con altos niveles de grasas saturadas.

Si el hambre no puede ser eliminada en Estados Unidos, el país más rico del mundo, las perspectivas en el resto del mundo son desalentadoras. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que un total de 925 millones de personas sufrirán hambre crónica este año, poco menos de los 1.000 millones del año pasado pero aún el segundo récord más alto en la historia.

No obstante, un informe divulgado el lunes por la organización no gubernamental Pan para el Mundo aseguró que se pueden lograr progresos contra este problema, y consideró de vital importancia la iniciativa estadounidense Alimentar el Futuro. Ese programa canalizará 3.500 millones de dólares durante los próximos tres años en asistencia al desarrollo internacional, con atención especial a la agricultura. La iniciativa podría revertir lo que Rajiv Shah, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), llama “décadas de desatención al desarrollo impulsado por la agricultura”. Shah calificó al programa como la más importante estrategia de desarrollo presentada por Washington en 50 años.

El informe de Pan para el Mundo “acertadamente nos recuerda que, para atacar las raíces del hambre y de la desnutrición, necesitamos invertir en la pequeña agricultura y concentrarnos en integrar la nutrición y el desarrollo agrícola a través de un enfoque liderado por el país” en cuestión, dijo el lunes el funcionario. El renovado interés de Washington en la seguridad alimentaria mundial sería una respuesta a la crisis de los precios de los alimentos sufrida entre 2007 y 2008, luego de la cual muchos gobiernos se dieron cuenta de que habían desatendido a su sector agrícola. “La crisis de los precios fue un llamado de alerta. Inició un nuevo diálogo mundial sobre el hambre, la desnutrición y la seguridad alimentaria”, afirmó Asma Lateef, directora de Pan para el Mundo. “Dos años después, bajo el liderazgo de Estados Unidos, existe un renovado interés en la pequeña agricultura y en revertir décadas de olvido, justo cuando entramos en otro periodo de aumento de precios”, añadió.

La ONU indicó que dos tercios de los hambrientos del mundo habitan en apenas siete países, pero que existen bolsones de desnutrición en todos lados, incluso en Estados Unidos.

(Tomado de Periodismo Humano)

Santos profundiza modelo uribista de manera más inteligente y sutil


Clara López y Carlos Gaviria durante acto del 5º aniversario del PDA
El pueblo colombiano enfrenta el grave riesgo de que se le desconozcan sus derechos económicos sociales y culturales ante el propósito del gobierno de Juan Manuel Santos de acabar con las garantías constitucionales mediante una contrarreforma constitucional, expresaron durante el acto de celebración del 5º  aniversario del Polo Democrático Alternativo (PDA), su presidenta Clara López Obregón y el ex presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz.
Durante un nutrido y colorido acto público que colmó el Downtown Majestic, en el que se hicieron presentes congresistas, diputados, concejales, líderes sociales y sindicales, así como representantes de partidos latinoamericanos que hacen parte del Foro de Sao Paulo, los dos dirigentes polistas, quienes fueron ovacionados, llamaron la atención de la izquierda y de los sectores democráticos del peligro que representa un gobierno como el de Juan Manuel Santos que  está profundizando el modelo uribista a través de “una inteligencia más sutil”.

Tras señalar que el PDA seguirá trabajando por la unidad de la izquierda y la cohesión del partido, tanto López Obregón como Gaviria resaltaron el espíritu que anima a la colectividad de seguir trabajando mancomunadamente para dar las luchas políticas y electorales del inmediato futuro.

Gaviria, en su discurso, señaló que la democracia colombiana está por construirse y agregó que con la contrarreforma constitucional que pretende institucionalizar la sostenibilidad fiscal se consolidará en el país un régimen inicuo.

Se sostiene que con la sostenibilidad fiscal se van a garantizar los derechos fundamentales para los colombianos pero hasta donde alcance la plata, dijo, y a renglón seguido se interrogó: ¿Y cuando ha habido la suficiente plata para solventarlos?
En contraste, afirmó, para la guerra y para mantener la política de “seguridad democrática” si hay recursos suficientes, pero los sectores progresistas no pueden hacerle la apología de esta estrategia que “es combatir el crimen con el crimen”.

En cuanto a la Ley de Tierras, Gaviria señaló que se le quiere dar el significado de una reforma agraria, lo cual es un despropósito, porque lo que se busca es algo de elemental justicia: devolverle sus parcelas a quienes  en forma violenta se las quitaron.
Sostenibilidad fiscal, un engendro retrógrado

Por su parte, la presidenta del PDA, Clara López Obregón hizo una dura crítica a la contrarreforma constitucional del gobierno Santos que busca implementar la denominada sostenibilidad fiscal, a la cual calificó como “un engendro retrógrado”, al que hay que frenar porque con ello se dará la estocada final a la concepción garantista y social de la Constitución de 1991.

Por eso reafirmó la postura política firme de esta colectividad que hace “una oposición sin adjetivos, a secas, a las políticas neoliberales del gobierno santista”.
Dijo que el PDA es víctima de una estrategia de exterminio por parte de la derecha y sus aliados, como quedó demostrado con la persecución y espionaje realizados desde el DAS, que paradójicamente una de sus cerebros ahora goza de asilo diplomático en Panamá, y al mismo tiempo, debe enfrentar la campaña sistemática que se ha montado contra la labor social que se realiza en la Alcaldía de Bogotá.

Igualmente llamó la atención por la gravedad de la persecución de que son objeto en el país los dirigentes polistas, pues en los últimos meses han sido asesinados doce y amenazados de muerte 48.

No obstante las normales dificultades de una colectividad dialéctica y en permanente debate como el Polo, el partido está unido por la base y el reto no es solo mantener su cohesión, sino ampliarla, dijo.

Puntualizó que al Polo no podrán aniquilarlo como ocurrió con la Unión Patriótica pese a la estrategia de dividirlo y exterminarlo que está en marcha, porque la izquierda democrática va a impedir que ello suceda.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Parlamentarios Británicos Reclaman la Libertad de los Presos Políticos en Colombia


Un grupo de parlamentarios británicos han reclamado la liberación de presos políticos en Colombia. Los diputados se refirieron específicamente a cinco casos de destacados miembros de la sociedad civil que han sido encarcelados por el régimen en Bogotá sin haber sido condenado por delito alguno.
Los parlamentarios posaron (adjuntas) con fotos de los presos, entre los que se cuentan las sindicalistas Rosalba Gaviria y Liliany Obando, los defensores de derechos humanos David Ravelo y Carmelo Agamez, y el profesor universitario Dr Miguel Angel Beltrán – algunos de los cuales han pasado años encarcelados sin juicio.

“Estas personas son hombres y mujeres inocentes que han sido encarcelados simplemente porque no están de acuerdo con el gobierno o porque critican políticas gubernamentales. Las autoridades colombianas tienen que entender que encarcelar a personas para silenciar sus opiniones es completamente inaceptable,” dijo Jim McGovern MP, uno de los parlamentarios.

Jim Sheridan MP, otro de los que participó, agregó que “mientras el régimen en Bogotá siga encarcelando a sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros líderes de la sociedad civil, el Reino Unido no debiera tener relaciones normales con Colombia. El Presidente Santos tiene que entender que la comunidad internacional no se mantendrá en silencio mientras su gobierno trate así a sus opositores.”

Al mismo tiempo, el diario “The Times”, en su suplemento de educción, esta semana publicó una carta abierta al Presidente Santos reclamando la liberación del académico encarcelado Dr Miguel Ángel Beltrán, firmada por más de mil académicos británicos. Los académicos, incluyendo al Premio Nobel Professor Sir Richard Roberts, acusaron a las autoridades colombianas de encarcelar a susodicho académico “más bien por sus opiniones políticas  que por ningún delito cometido”.  Una copia de la carta va adjunta.

Para más información contactar a Justice for Colombia +44(0)207 794 3644 o info@justiceforcolombia.org

Apuntes:

·        Carmelo Agamez, un dirigente regional del Movimiento Nacional de Victimas (MOVICE) ha estado encarcelado desde noviembre 2008 sin juicio.

·        Liliany Obando, sindicalista, ha estado encarcelada desde agosto 2008 sin haber sido condenada por delito alguno. En agosto un policía confesó haber manipulado la evidencia en contra de ella.

·        Rosalba Gaviria, sindicalista y activista por la paz, ha estado encarcelada desde marzo 2009 sin haber sido condenada por delito alguno.

·        Dr Miguel Angel Beltrán, académico, ha estado encarcelado desde Mayo 2009 sin haber sido condenado por delito alguno.

·        David Ravelo, un destacado activista  de Derechos humanos ha estado encarcelado desde septiembre 2010 y no ha sido condenado por delito alguno.

British Parliamentarians Call for Freedom for Colombia’s Political Prisoners

A group of British parliamentarians have called for Colombia’s political prisoners to be freed.  MPs highlighted five cases where civil society leaders have been imprisoned by the regime in Bogota without having been convicted of any crime.

The parliamentarians posed for photographs (attached) holding images of prisoners including trade unionists Rosalba Gaviria and Liliany Obando, human rights defenders David Ravelo and Carmelo Agamez, and university professor Dr Miguel Angel Beltran – some of whom have spent years in jail without trial.

“These people are innocent men and women who have been imprisoned simply because they disagree with the Government or criticise Government policies.  The Colombian authorities have to understand that jailing people in order to silence their opinions is completely unacceptable,” said Jim McGovern MP, one of the parliamentarians who participated.

Jim Sheridan MP, another of those who took part, added “So long as the regime in Bogota continues to jail trade unionists, human rights activists and other civil society leaders, the UK should not have normal relations with Colombia.  President Santos must understand that the international community will not stand by in silence whilst his Government treats opponents in this way.”

In a separate development, the Times Higher Education supplement this week printed an open letter signed by over 1,000 British academics to Colombian President Santos calling for the release of jailed academic Dr Miguel Angel Beltran.  The academics, including Nobel Prize winner Professor Sir Richard Roberts, accused the Colombian authorities of jailing Dr Beltran “for his political beliefs rather than for any crime.”

For more information contact Justice for Colombia: +44 (0) 207 794 3644 or info@justiceforcolombia.org

Notes:

·         Carmelo Agamez, a regional leader of the National Movement of Victims (MOVICE), has been in jail since November 2008 without trial.

·         Liliany Obando, a trade unionist has been in jail since August 2008 without having been convicted of any crime.  In August this year a police officer admitted to manipulating the evidence against her.

·         Rosalba Gaviria, a trade unionist and peace activist, has been in jail since March 2009 without having been convicted of any crime.

·         Dr Miguel Angel Beltran, an academic, has been in jail since May 2009 without having been convicted of any crime.

·         David Ravelo, one of Colombia’s leading human rights activists, was jailed in September 2010 and has not convicted of any crime.

Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos

Estimado señor Presidente:
Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud. para solicitarle la libertad inmediata del académico colombiano Dr. Miguel Ángel Beltrán. El Dr. Beltrán ha estado encarcelado desde mayo de 2009 sin que se le haya probado delito alguno. Ha sido acusado de "rebelión" y tildado de terrorista por el Estado colombiano; sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba que respalde esas acusaciones.
 
Nos preocupa seriamente el hecho de que, como tantos otros en Colombia, el Dr. Beltrán haya sido detenido por sus opiniones políticas antes que por algún delito, de que se le haya privado de su libertad con el fin de silenciarle y de amedrentar a quienes como él quisieran expresar oposición. Creemos que la libertad académica y la libertad de expresión son derechos fundamentales, y que son los pilares de una sociedad democrática; pero la actual detención del Dr. Beltrán muestra que en Colombia no se está respetando ni la una ni la otra.

Por lo tanto, le instamos a que ordene su libertad inmediata. El alto número de presos políticos en las cárceles colombianas - sean académicos, sindicalistas, dirigentes comunitarios u otros activistas de la sociedad civil - desmiente las declaraciones de que el Estado colombiano respeta los derechos humanos.

Le instamos a que ponga fin inmediato a esta situación vergonzosa.

Atentamente,

Professor Sir Richard Roberts, Nobel Prize Winner
Professor Sir John Ball, Sedleian Professor of Natural Philosophy, University of Oxford
Professor Dame Janet Nelson, Emeritus Professor of History, King's College London
Alan Whitaker, President, University and College Union
Terry Hoad, Vice President, University and College Union
Dr Sally Hunt, General Secretary, University and College Union

Professor Jane Aaron, University of Glamorgan
Professor David Allen, Sheffield Hallam University
Professor Sarah Ashwin, London School of Economics
Professor Ruth Aylett, Heriot-Watt University
Professor Sebastian Balfour, London School of Economics
Professor Malcolm Barber, University of Reading
Professor Ann-Marie Bathmaker, West of England University
Professor Gargi Bhattacharyya, Aston University
Professor Andreas Bieler, University of Nottingham
Professor Bob Brecher, University of Brighton
Professor David Broomhead, University of Manchester
Professor David Bunce, Brunel University
Professor Alister Burr, University of York
Professor Paul Busch, University of York
Professor Ray Bush, University of Leeds
Professor Pat Caplan, University of London
Professor Anthony Carbery, University of Edinburgh
Professor David Chadwick, University of Kent
Professor Thomas Collett, University of Sussex
Professor Helen Colley, Manchester Metropolitan University
Professor Mike Coombes, Newcastle University
Professor Christine Cooper, University of Strathclyde
Professor Greville Corbett, University of Surrey
Professor Owen Davies, University of Hertfordshire
Professor Mary Davis, London Metropolitan University
Professor Peter Delves, University College London
Professor Simon Duncan, University of Bradford
Professor Richard Dyer, King's College London
Professor Chris Eilbeck, Heriot-Watt University
Professor Lawrie Elliott, Edinburgh Napier University
Professor Tony Evans, University of Southampton
Professor Stephan Feuchtwang, London School of Economics
Professor Jeremy Field, University of Sussex
Professor Karl Figlio, University of Essex
Professor Rajmil Fischman, Keele University
Professor Roderick Flower, University of London
Professor Steven French, University of Leeds
Professor David George, Swansea University
Professor Andrew Gilbert, University of Exeter
Professor Helen Gilbert, University of London
Professor John Gledhill, University of Manchester
Professor Jonathan Glover, King’s College London
Professor Fernand Gobet, Brunel University
Professor Laurence Goldstein, University of Kent
Professor Jonathan Gosling, University of Exeter
Professor Helen Graham, University of London
Professor Vic Grout, Glyndwr University
Professor Martyn Hammersley, The Open University
Professor Richard Hanley, University of Essex
Professor Malcolm Heggie, University of Sussex
Professor Piers Hellawell, Queen's University Belfast
Professor Stephen Hodkinson, University of Nottingham
Professor Martin Hooper, University of Edinburgh
Professor Jim Howie, Heriot-Watt University
Professor Rhys Jenkins, University of East Anglia
Professor Heather Joshi, University of London
Professor Anahid Kassabian, University of Liverpool
Professor Christopher Knusel, University of Exeter
Professor Ailsa Land, London School of Economics
Professor Vicky Lebeau, University of Sussex
Professor Robert Lee, University of Liverpool
Professor David Lewis, Middlesex University
Professor Wanda Lewis, University of Warwick
Professor Niall Logan, Glasgow Caledonian University
Professor Stuart Macdonald, University of Sheffield
Professor Christine MacLeod, University of Bristol
Professor Luke Martell, University of Sussex
Professor Doreen Massey, The Open University
Professor Eric Matthews, University of Aberdeen
Professor Tim May, University of Salford
Professor Daphne McCulloch, Glasgow Caledonian University
Professor Mary McMurran, University of Nottingham
Professor Elizabeth Meehan, Queen's University Belfast
Professor Sara Mills, Sheffield Hallam University
Professor David Mond, University of Warwick
Professor James Montgomery, University of Cambridge
Professor Adrian Moore, University of Oxford
Professor Gareth Morgan, Sheffield Hallam University
Professor Maurice Mulvenna, University of Ulster
Professor Laura Mulvey, University of London
Professor Isobel Murray, University of Aberdeen
Professor Alistair Mutch, Nottingham Trent University
Professor Stephen Nugent, University of London
Professor Eric Olson, University of Sheffield
Professor John O'Neill, University of Manchester
Professor Bill Overton, Loughborough University
Professor Andy Penaluna, Swansea Metropolitan University
Professor Hilary Povey, Sheffield Hallam University
Professor Paul Preston, London School of Economics
Professor Gesine Reinert, University of Oxford
Professor Jonathan Rosenhead, London School of Economics
Professor Raphael Salkie, University of Brighton
Professor Andrew Sayer, Lancaster University
Professor Michael Shaw, University of Reading
Professor David Simon, University of London
Professor Martin Sinha, University of Southampton
Professor Nick Smirnoff, University of Exeter
Professor Alan Sokal, University College London
Professor Kirsten Stalker, University of Strathclyde
Professor Trevor Stuart, Imperial College London
Professor Peter Taylor-Gooby, University of Kent
Professor Richard Thomas, Imperial College London
Professor Jon Tonge, University of Liverpool
Professor Colin Torrance, University of Glamorgan
Professor Joy Townsend, University of London
Professor Geoffrey Turner, University of Sheffield
Professor Carole-Anne Upton, University of Ulster
Professor Peter Wade, University of Manchester
Professor Philip Wadler, University of Edinburgh
Professor Judy Wajcman, London School of Economics
Professor Paul Ward, University of Huddersfield
Professor David Wiles, University of London
Professor Andrew Williams, University of Warwick
Professor Jocelyn Wogan-Browne, University of York
Y más de mil académicos británicos más
(Lista completa disponible en www.ucu.org.uk)
Noviembre 17 de 2010 | 06:11 AM. | Noticias

Rechazan las infames declaraciones del comandante del Ejército, general Alejandro Navas Ramos

Es inadmisible que un militar, comprometido bajo la gravedad del juramento a responder por la seguridad y dignidad de un país, diga en un medio masivo de comunicación que las violaciones sexuales en contra de las dos niñas en Tame, Arauca el pasado mes de octubre, se perpetraron con presunto consentimiento de las víctimas.
El general dijo a los grandes medios sin el mínimo sonrojo, sin el menor respeto a las víctimas y a sus familias que “Esos delitos los habría cometido el pasado 2 y 14 de octubre con presunto consentimiento de las niñas”.

La Casa de la Mujer impugna esas afirmaciones. En primer lugar nadie admitiría un delito en contra de su propia vida y en segundo, la Casa le recuerda al comandante Navas que según el artículo 208 del Código Penal colombiano, la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales, es de 14 años:

“La razón de los preceptos acusados reside en la protección de los menores de catorce años, quienes no gozan de una suficiente capacidad de comprensión respecto del acto carnal y, por tanto, aunque presten su consentimiento para realizarlo o para llevar a cabo prácticas sexuales diversas de él, no lo hacen en las mismas condiciones de dominio y auto - control propios de la persona mayor".

Corte Constitucional. Sentencia C-1095 de 2003, M.P.Ñ Marco Gerardo Monroy Cabra
Lo que significa que bajo ninguna circunstancia es coherente afirmar que las niñas violadas pudieron haber admitido el hecho.

Exigimos además un duro castigo para el criminal, quien aprovechó su condición de autoridad —circunstancia de agravación punitiva, artículo 211, inciso b— para intimidar, maltratar y violar a sus víctimas.

Igualmente la Casa debate las aserciones de otro comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, quien afirma que es importante “tener filtros más severos para la selección e incorporación del personal de uniformados”.

La Casa, como organización feminista, no considera que la solución esté en una mejor clasificación del personal, sino en la transformación de las prácticas patriarcales que desde los entrenamientos militares orientan a los varones a subvalorar a las mujeres, pasando por encima de su dignidad y de sus derechos humanos.

Apodos como “gallina”, “nenita”, “mujercita”; entre otros más osados y para ellos humillantes, son solo algunos ejemplos con los que se busca “ofender” a los soldados, pues la comparación con lo femenino resulta ser un insulto.

No se trata simplemente de escoger “mejor”, se trata de transformar conductas de machos que todo lo pueden, de dar otro valor a la fuerza; de elaborar discursos que rompan con el imaginario de “hombres conquistadores” porque llevan puesto un uniforme; de hombres con poder porque portan armas.

El arduo trabajo está en dar  verdadero y justo valor a lo qué significa llevar consigo la responsabilidad de velar por la seguridad de un país, y por ende garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Con vergüenza debemos recordar que, según datos de medicina legal y retomados por el periódico El Tiempo, en el 2009, 63 miembros de la fuerza pública estuvieron comprometidos en denuncias por abuso sexual, y este año el caso de las dos niñas víctimas de violación en Arauca saca a flote otras 18 denuncias en contra de actores armados legales.

Si las investigaciones conducen a evidenciar la responsabilidad del subteniente Muñoz en el homicidio de una de las niñas, instamos al Estado a que la decisión jurídica frente a la respectiva condena, tenga en cuenta que se trata de un delito con pena agravada por  haber sido cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer.
Noviembre 17 de 2010 | 07:11 AM. | Noticias
Por: Casa de la Mujer
 

IX Festival Nacional de la Juventud Juventud-Es Bicentenario 26 al 29 Noviembre Bogotá D.C




Las organizaciones convocantes (Juventudes Colombia) al IX festival nacional de la juventud, iniciamos un nuevo proceso para reivindicar el movimiento histórico de festivales de juventud en Colombia, como principal escenario de articulación y apuesta juvenil en desarrollos conjuntos y sumatorias de voluntades para alcanzar los derechos de la juventud en Colombia.
         
Este festival tiene tres apuestas fundamentales: juventud en el bicentenario, derechos juveniles (en el marco de la convención iberoamericana de derechos de la juventud) y una apuesta del año internacional de la juventud.

Cifras de la situación de los y las jóvenes en Colombia.

Es evidente que la situación de los jóvenes es crítica como lo revelan los siguientes datos:

1. Los jóvenes entre 14 y 26 años que constituyen el 23,75 % de la población del país.

2. En nuestro país existen 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes según datos del mismo gobierno. De estas cifras los jóvenes representan el 44.4% en pobreza y el 15.3% en indigencia, la más alta de América Latina según cifras de la CEPAL en 2008.

3. Nuestro país ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor número de niños, niñas y adolecentes vinculados a una guerra interna, después del Congo, Ruanda y Myanmar.

4. La CEPAL asegura que en Colombia las posibilidades para que un joven muera asesinado es cinco veces mayor que el promedio para América Latina. Muchas de estas muertes están asociadas a las ejecuciones extrajudicinales o mal llamados “falsos positivos”.

5. Del total de muertes violentas en el país, el 20% son jóvenes. El 75% de la mortalidad juvenil está asociada a causas violentas. Por lo menos el 15% de los jóvenes en el país ha pensado en quitarse la vida.

6. En Colombia la ley de infancia y juventud establece la responsabilidad penal para adolecentes entre 14 y 18 años.

7. En Colombia existen 1.6 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo.

8. El 30% de los bachilleres que se matriculan en estudios de educación superior, sólo el 15% llega a graduarse.

9. Según el DANE el desempleo de la población entre 14 y 26 años es del 23%. Para las mujeres en el mismo rango de edad es del 31%. El 94% de las y los jóvenes trabajadores en este segmento poblacional, lo hacen en la informalidad. (Nótese que el gobierno reconoce a los adolecentes entre 14 y 18 años como población en “edad de trabajar”).
10. Las tres cuartas partes de los jóvenes que trabajan se les viola sus derechos laborales y se les paga por debajo del salario mínimo, gracias al contrato de aprendizaje y las cooperativas de trabajo asociado.

11. En materia de salud sólo 6 de cada 10 jóvenes se encuentran afiliados al régimen de salud, teniendo en cuenta que los menores de18 años lo están en calidad de beneficiarios de sus padres.

12. En materia de participación política, un estudio de la CEPAL de 2008 asegura que sólo un 6% de los jóvenes participa en algún partido político y un 3% en sindicatos. Por otro lado un 29% se considera discriminado de los espacios de la gestión pública.
13. El congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que penaliza el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes. Con esta medida se fortalecerá las políticas de estigmatización y militarización de la vida juvenil.

14. El gobierno colombiano se rehúsa a impartir directrices que obliguen a las instituciones educativas a informar a las adolecentes los tres casos en que se despenaliza el aborto.

15. Actualmente cursan en el congreso dos iniciativas regresivas para los derechos de los jóvenes: el proyecto de ley sobre toques de queda para jóvenes entre 14 y 18 años y el proyecto de ley anti “barras bravas”, que pasa a último debate en la comisión séptima del senado.

Este panorama exige de la juventud y sus expresiones organizadas una mayor iniciativa en la coordinación de los esfuerzos hacia la construcción de una plataforma de unidad juvenil en nuestro país. El IX Festival Nacional de la Juventud debe ser un escenario de reencuentro, de construcción de acuerdos y de avance en la movilización social de los jóvenes.

¡Amigos y amigas el debate está abierto!
¡Bienvenidos todas y todos a este nuevo proceso de convocatoria!

viernes, 12 de noviembre de 2010

LA PROFECIA DE ARMERO

Por Carlos Mauricio Vega*  (Revista SEMANA) SABADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2010



Arriba, en la cumbre, el glaciar estaba completamente amarillo y a veces color de limón. Era difícil caminarlo porque estaba erizado de agujas de nieve de un metro de altura, excavadas por el calor del cráter y talladas por el viento. Desde las alturas de la Mesa de Herveo o Nevado del encomendero Francisco Ruiz, como se conoce desde los tiempos de la Colonia esta montaña ígnea que los indios llamaban Cumanday, se veía la cumbre dorada de algunos estratocúmulos y, muy abajo, las luces de los pueblos de Caldas. Unos kilómetros arriba de nosotros, la enorme fumarola de vapor de agua y anhídridos sulfurosos se diluía en la estratosfera.

Habíamos escalado todo el día. Eran las 6:00 de la tarde del 31 de julio de 1985, y como estábamos cuatro grados al norte del ecuador teníamos 45 minutos más de luz solar que en noviembre: tiempo precioso cuando uno está en la montaña. Un viento crepuscular nos arrancaba la tienda de las manos como si fuera un globo, antes de que pudiéramos terminar siquiera de anclarla. Agotados y con mareo, no sabíamos si el dolor de cabeza que nos acompañaba era por el mal de altura o por el olor del azufre. Nos habíamos dado un adecuado tiempo de aclimatación en nuestro campamento a 4.500 metros de altura en los arenales, y habíamos bebido litros y litros de agua, tal como mandan los manuales. Pero habíamos respirado todo el día aquella pestilencia mientras escalábamos el Glaciar Sur o Glaciar de las Nereidas.

Seis meses atrás nos habíamos aventurado por primera vez en aquellos territorios. Ignorábamos que justo antes de Navidad, el 22 de diciembre de 1984, una explosión de humo de color verde limón y chispas naranja sobre el Nevado del Ruiz había precedido un gran incendio forestal. Tampoco sabíamos que los campesinos habían visto morir a los peces de la cuenca del Otún, del Recio y del Lagunillas, envenenados con azufre en ese mismo mes, tal como había ocurrido 145 años antes, según los reportes históricos. Carente de toda prudencia, decidí volver en ese julio con dos compañeros -Sergio Fajardo y Miguel Vidales- para escalar el Glaciar Sur de la montaña y ver de nuevo el espectáculo de la fumarola y los efectos de la erupción.

Con diversos compañeros había escalado el Nevado del Tolima, un volcán mucho más joven geológicamente que la sufrida Mesa de Herveo. Nos habíamos asomado varias veces al diminuto cráter, una angosta garganta de hielo vertical de 40 metros de profundidad que esconde la verdadera chimenea. Allá abajo reposan desde hace 35 años Jaime Lozano y Hermann González, 'Samurái', los que se atrevieron a buscar la puerta del centro de la Tierra y murieron al respirar el anhídrido sulfuroso. También habíamos estado atisbando la cumbre arenosa del Puracé y los dos anillos de hielo del enorme cráter del Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. Y habíamos recorrido los desiertos lunares del Cisne y las gárgolas volcánicas de la Olleta y el bosque incipiente del fondo del Quindío. Sabíamos cómo luce un volcán muerto y ciertamente cómo luce uno dormido. Habíamos cruzado un par de veces la negra solfatara que sirve de entrada al abrupto glaciar del Nevado del Tolima y que se conoce como El Oído, y ahora acabábamos de asomarnos a la sopa de fangos burbujeantes del ancho cráter Arenas del Ruiz. Y ciertamente su aspecto de azules, amarillos y ocres hirvientes entre manchas de hielo y arenas sueltas era el de un demonio despertando: completamente distinto a todo lo que hubiéramos visto en una corta vida de montañismo. En esa segunda escalada del Ruiz en 1985, la diferencia en la cantidad de emisión de azufre era abismal.

Al otro día bajamos cabizbajos y circunspectos, hediendo a demonio y llenos de fango amarilloso desde las botas hasta los ojos y desde la cuerda hasta los talegos de dormir, pasando por las medias. Sergio Fajardo dijo: "Si esta montaña llega aunque sea a carraspear, se va a llevar por delante a Manizales y a Mariquita".

Faltaban exactamente 105 días para que esa cascada de bloques de hielo se convirtiera en 100 millones de metros cúbicos de fango arrojados sobre Armero, a 100 kilómetros por hora. Esta ola llena de piedras incandescentes se llevó por delante todo cuanto encontró en los 25 kilómetros de valle que hay entre Armero, Cambao y Ambalema. Tal como lo había hecho en 1592, 1700 y 1845, y tal como lo hará de nuevo, siguiendo su inexorable pulso vital, en 2095 y 2235. El glaciar, que hoy tiene 11 kilómetros cuadrados y unos 400 millones de metros cúbicos de hielo, pende sobre nosotros a los 5.300 metros. A pesar del deshielo provocado por la erupción y el calentamiento global, esta espada de Damocles apunta todavía a unos cinco millones de personas y una veintena de ciudades del centro del país.

En febrero de ese mismo año, uno de los decanos de la escalada en Colombia, el montañista suizo Antoine Faber, había escalado el Ruiz en calidad de geólogo, enviado por el Ingeominas. Faber, especializado en prospecciones petroleras, no era experto en vulcanismo, y cuando intentó descender, los gases se lo impidieron. Hizo una juiciosa descripción del estado del cráter, a partir de la cual, según él mismo, no podía concluir nada, porque no tenía contra qué compararla. A partir de esa observación, y de acuerdo con sus compañeros los geólogos Darío Mosquera y Alberto Núñez, recomendaron a todos los funcionarios de entidades estatales y no estatales de la Hidroeléctrica de Caldas, el Inderena, Inravisión, el Ejército y hasta del Incora llevar un diario de los eventos volcánicos y realizar una investigación sobre la historia de las emisiones volcánicas de la región para poder medir los riesgos.

Ingeominas conceptuó que la actividad del volcán era normal y que por ello no había un peligro inmediato. Tal vez olvidó que la actividad normal de un volcán es hacer erupción. Se pidieron 56 millones de pesos para una red de observación sismológica, y en agosto los reportes eran cada vez más alarmantes. El 11 de septiembre hubo una nueva erupción de gases, vapor de agua y lluvia de arena sobre los municipios vecinos.

En los archivos de Ingeominas reposa un informe del coronel Joaquín Acosta, publicado por la Academia de París en 1849, en el que describe la erupción y posterior lahar del Ruiz por el río Lagunillas en 1845, y que parece escrita hace 20 años. Reportaba Acosta que el fango cubrió 16 kilómetros cuadrados y mató a 1.000 personas, casi todas cultivadores de tabaco de la región de Ambalema.

Con base en la memoria de Acosta, el ingeniero, abogado y académico colombiano Ramón Guerra Azuola escribió en 1882 una memoria efectuada a partir de excavaciones hechas en el terreno donde se iba a fundar Armero. Guerra Azuola concluyó que los lahares son periódicos y se repiten con un intervalo exacto. Aun así, fundaron la próspera ciudad agrícola en toda la desembocadura del cañón del Lagunillas al valle.

De acuerdo con estos documentos, el historiador y musicólogo tolimense Héctor Fabio González escribió un artículo para explicar que de acuerdo con las observaciones de los científicos, las erupciones del Ruiz y sus consecuentes lahares de fango se producían con periodicidad alternada de 140 años y nueve meses y 110 años y dos meses. El único que lo publicó fue el pequeño diario El Derecho de Ibagué, el 18 de octubre de 1985. Allí se calculaba que de acuerdo con ese calendario geológico, la nueva erupción tendría lugar en la segunda semana de noviembre de 1985, y que las erupciones pequeñas eran solamente un abrebocas, un pequeño antecedente de lo que sobrevendría.

González envió su artículo a las redacciones de varios diarios nacionales. Enrique Santos Calderón, por entonces editor dominical de El Tiempo, lo vio en su mesa de trabajo dos semanas antes de la erupción y lo dejó a un lado por demencial. Santos publicó el artículo cinco días después de la catástrofe, con una breve nota de arrepentimiento y perplejidad.

Otro profeta de las redacciones de los periódicos fue el agrónomo y aviador aficionado Guillermo Cajiao, quien llevaba por entonces 10 años sobrevolando los cráteres de los volcanes de la cordillera Central. Cajiao observó las primeras señas de reactivación del Ruiz en 1977 y había visto su evolución y quiso advertir del evidente peligro. Pero cada vez que aparecía por la redacción de un periódico con sus fotografías en las manos, los periodistas huían de él como de un apestado. "Ahí viene el demente de los volcanes", decían. Fue a través de Cajiao y del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal que el del Ruiz llegó a oídos del famoso vulcanólogo Haroun Tazieff. Paulatinamente, la atención de los científicos del mundo fue tornándose hacia el Ruiz. Ellos previeron que en caso de caída de material incandescente sobre los glaciares, un 10 por ciento de la masa de hielo podría descongelarse y fluir, y que la posibilidad de una erupción era del orden del 100 por ciento.

El Ministerio de Minas solicitó asesoría a la oficina de Asistencia en Desastres de la ONU (Undro). A vuelta de correo, el gobierno colombiano recibió la última versión del Manual de Manejo de Emergencias Volcánicas, que resalta algo aparentemente obvio, y es que no deben edificarse poblaciones sobre el paso de lahares. Pero en Colombia, como en muchas partes del mundo, hay cuatro capitales de departamento (Pasto, Popayán, Ibagué y Manizales) y al menos 20 municipios grandes en tal situación. Entonces, la única posibilidad de salvar a la gente expuesta a una catástrofe de este calibre es evacuar. Pero el manual advertía que los políticos solían ser el mayor obstáculo, pues las evacuaciones son impopulares y restan votos.

En Armero no funcionaron las alarmas, no hubo entendimiento entre la Alcaldía y la Gobernación, ni hubo una orden de evacuar sino hasta cuando se detectó la erupción unas pocas horas antes del lahar. Ni muchísimo menos una comunicación masiva adecuada para la población. Muchos funcionarios no quisieron oír la advertencia final del Ingeominas, que en la semana del desastre advirtió que en caso de erupción la avalancha de lodo era inminente.

No obstante, hubo un héroe: el alcalde de Armero, Ramón Rodríguez. Y un político que cumplió a carta cabal con su responsabilidad: el congresista caldense Hernando Arango Monedero.

Ramón Antonio 'Moncho' Rodríguez fue hasta el último instante de su vida un convencido de que había que evacuar la población. Se quejó de que el represamiento de aguas de la vereda El Sierpe era responsabilidad del vecino municipio de El Líbano, pero que Armero iba a poner los muertos. Con ocasión de la pequeña erupción ocurrida en septiembre y de las varias lluvias de arena y ceniza volcánica que cubrieron los techos de Armero en esas semanas, 'Moncho' acosó al gobernador del Tolima, Eduardo García Alzate, para que lo apoyara y diera la orden de evacuación. Según testimonios recogidos por diversos periodistas de la época, el Gobernador terminó por rechazar su perenne letanía de evacuación. La última vez que hablaron, según contó el periodista Germán Santamaría, 'Moncho' le advirtió que Armero iba a desa-parecer bajo las aguas de la represa de El Sierpe o por el deshielo provocado por la erupción. García Alzate recibió la frase entre risas y nunca más volvió a atenderlo.

En Bogotá, mientras tanto, el representante a la Cámara Humberto Arango Monedero citó el 24 de septiembre de 1985 a cuatro ministros del gobierno de Belisario Betancur y les advirtió sobre la erupción inminente del volcán Nevado del Ruiz. "No quiero ser profeta de desgracias, pero los fenómenos que vienen sucediendo nos conducirán ya no a presagios sino a la catástrofe misma. Hay amenazados 16 departamentos y tres millones de personas. Que no se diga que no se advirtió al Estado de cumplir con sus funciones a tiempo".

Los ministros, con el gesto inequívoco de quien está perdiendo el tiempo frente a un sujeto que simplemente pretendía ganar vitrina política, contestaron un cuestionario sobre medidas preventivas y aseguraron que "no se incurrirá" en imprevisiones para manejar la situación.

La actitud indiferente y poco consciente del Ministro de Minas, del Gobernador del Tolima, del Ministro de Obras y de la Presidencia frente a la contundencia científica simplemente confirmaba la advertencia del Manual de la ONU sobre que son los políticos el mayor riesgo en caso de erupción.

La noche del 13 de noviembre, luego de una muy difícil reunión de tres horas en Ibagué, los expertos de la Cruz Roja y de las entidades del departamento del Tolima recomendaron dar la orden de evacuación. A las 9:30, los funcionarios de la red de alertas establecida por Ingeominas entre los guardianes y operarios de las antenas de retransmisión ubicadas a 4.000 metros de altura cerca al páramo de Letras reportaron el comienzo de la erupción.

Esa noche, el gobernador García Alzate se negó a pasarle al teléfono al alcalde de Armero. Dicen que estaba jugando billar.

'Moncho' Rodríguez era radioaficionado y estuvo conectado con otros radioaficionados de Ibagué esa noche. A las 11:30 un rugido de 1.000 trenes invadió Armero, junto con la explosión de la central eléctrica. Lo último que dijo 'Moncho' fue: "Un momento. Esto se está inundando".

Pese a toda la evidencia científica, el gobierno no solo no hizo nada por adelantar una evacuación, sino que fue absuelto en tres instancias en casi un millar de demandas que por 80.000 millones de pesos se levantaron en su contra. En 1991, lo absolvió el Tribunal Superior del Tolima; en 1994, el Consejo de Estado, y más recientemente, la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de las tres instancias rezaba lo mismo: que los eventos de la naturaleza son imposibles de prevenir y de controlar y que no les cabe fallo en la responsabilidad a los funcionarios por estos hechos.

La tragedia volcánica que arrasó con Armero y parte de Chinchiná fue la segunda en gravedad en el siglo XX luego de la del monte Peleé, en 1904, con 30.000 muertos, y una de las mayores de la historia junto con las erupciones del Krakatoa, en 1893, la del monte Santa Helena y, por supuesto, la del Vesubio. Los indicios permitieron prever la tragedia casi con horas de aproximación. Pero muy pocos quisieron oír la contundencia de los datos científicos e históricos.

Ocho días después de la catástrofe bajé a Armero por primera vez en mi vida. Me topé con los 'valancheros', esas ratas humanas que rastreaban entre el fango para arrancar relojes y muelas de oro a los cadáveres, como criminales nazis, y me convertí en uno de ellos. Un 'valanchero' cultural. Hice decenas de reportajes y entrevistas. Durante meses tuve en la nariz el olor de barro podrido con azufre y cadáver, y me acostumbré a ver en las pocas calles que quedaron en pie los cráneos pelados y los rostros aterrados de algunos de mis 22.000 compatriotas que murieron allí mientras el Gobernador del Tolima jugaba billar y su alcalde moría en su puesto de mando. Era lo menos que podía hacer luego de haber estado allá arriba, trepado sobre el agua congelada que les iba a caer encima.

Nunca más volví a escalar el Ruiz. Volví más tarde a dejar las cenizas de mi padre en La Olleta, su cráter subsidiario, y también escalé muchas veces el Tolima, tan noble como peligroso. Luego de ver los mapas de riesgo de Ingeominas, que ingenuamente excluyen a Manizales de la zona de riesgo de explosión del Ruiz, y los barrios del sur de Ibagué que crecen al pie del cañón del Combeima, a 25 kilómetros en línea recta del cráter del Tolima, no puedo menos que recordar otra crónica histórica que cuenta cómo el Combeima trajo un lahar en 1793 y cómo fray Pedro Simón contó del ruido que se oyó "en todo el reino", en marzo de 1592, cuando el Ruiz explotó una vez más.

Cada explosión volcánica es simplemente un pulso más del planeta Tierra, un latido de un ritmo tan lento que simplemente no alcanzamos a percibir ni media pulsación en el curso de una corta y simple vida. El siguiente pulso está en marcha. Ya pasaron 25 años: faltan solo 85.

jueves, 11 de noviembre de 2010

JORNADA DE PROTESTA NACIONAL EN EL SENA JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2010


Los estudiantes y trabajadores del SENA en todo el país estamos realizando una jornada de movilización y protesta, manifestando y exigiendo al poder ejecutivo, al poder legislativo y a la Administración de la Entidad, que estamos:

CONTRA:

  • La Resolución 03048 del 21 de octubre de 2010 del SENA, que propicia el inicio del cobro de la Formación en el Sena, acabando  con la formación gratuita que ha impartido esta entidad por más de  50 años.
  • Los proyectos de ley que afectan al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, que de nuevo proponen como uno de los mecanismos de estímulo al empleo, reducir las rentas parafiscales, lo que afectará el presupuesto de esas entidades.
  • Las facultades extraordinarias que está solicitando al Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos, las mismas que en el gobierno de Uribe le permitieron reestructurar el Sena, despidiendo más de quinientos trabajadores, la liquidación del ISS y de varias entidades del estado y que en esta oportunidad también autorizarían al nuevo presidente a liquidar, suprimir o reestructurar entidades, poniendo en peligro otra vez al Sena.
  • Los problemas de calidad en la formación del Sena y en particular el incremento de su oferta educativa en cursos de educación superior, sin que la mayoría cumpla con los requisitos exigidos por el Ministerio de educación para otorgar el Registro calificado.
  • Las malas intenciones contenidas en el proyecto de Plan de Desarrollo Nacional 2011.
  • Las declaraciones del ex-Director General del Sena ante los medios de comunicación, en las que una vez más mostró su talante de violador de los derechos humanos y el irrespeto por las universidades.
  • La sustitución del contrato de aprendizaje por otras alternativas que no garantizan la continuidad de la formación del aprendiz, ni le otorgan las condiciones para terminar su proceso formativo con calidad.
  • El lesivo reglamento del aprendiz SENA, que limita entre otros los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y de asociación.
  • La desadministración, la politiquería, el clientelismo y la corrupción en el SENA.
  • La agresión contra dirigentes sindicales y estudiantiles por parte de la Administración.
POR:
  • La derogatoria de la Resolución 03048 que reglamenta el cobro de la formación en el SENA.
  • La recuperación de la calidad y la duración de las acciones de Formación Profesional ejecutadas por el SENA.
  • El respeto al derecho y las garantías de los estudiantes y trabajadores.
  • La estabilidad laboral de los trabajadores provisionales y contratistas de la Entidad.
  • La suspensión de la oferta de programas de formación de Tecnólogos en el SENA sin las condiciones para su ejecución y el correspondiente registro calificado.


INTERGREMIAL NACIONAL POR LA DEFENSA DEL SENA

Bogotá, 10 de noviembre de 2010