El paquete legislativo que ha presentado el presidente Juan Manuel Santos junto al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, invocan la profundización del modelo Neoliberal o de libre mercado en todos los niveles de la vida publica nacional, principalmente en los de orden e inversión social; la salud, la educación, las pensiones, la mal llamada ley de primer empleo, las regalías, en fin todo un paquete de medidas regresivas que pretenden liquidar el Estado Social de Derecho, para entregar la responsabilidad social del Estado a la ley de la oferta y demanda del libre mercado.Este 7 de abril, los Universitarios colombianos saldremos a movilizarnos para:
- Rechazar integralmente el PND.
- Rechazar y pedir la derogatoria del acto legislativo que pretende someter los derechos fundamentales de l@s colombian@s a la SOSTENIBILIDAD FISCAL del Estado y
- RECHAZAR LA NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR, QUE PRETENDE REFORMAR EL MALTRECHO SISTEMA NACIONAL UNIVERSITARIO POR UNO QUE ABRA LAS PUERTAS AL CAPITAL TRANSNACIONAL.
- En defensa de la VIDA, las libertades democráticas y el respeto a los Derechos Humanos en las universidades de todo el país.
Rechazo Integral Al Plan Nacional De Desarrollo Prosperidad Para Todos
La propuesta del PND del presidente Santos, se inserta directamente a la profundización del desmonte del Estado y su razón social consagrada en la CPC de 1991. Las cinco locomotoras del “Desarrollo” se enfocan principalmente a la inversión de capital extranjero, teniendo en cuenta que se propone activar las condiciones de productividad y competitividad de la nación, sin que el Estado sea quien asuma dicha responsabilidad, las principales fortalezas económicas que se desarrollan a lo largo y ancho del PND se enfocan principalmente a la reprimarización de la economía, y la inversión en infraestructura (Red vial y telecomunicaciones).
Para tal efecto, Jairo Estrada señala que:
“Prosperidad para todos costará 563.9 billones de pesos. De ese total, el componente de financiación privada del Plan corresponde a 227.5 billones de pesos, 40.3 por ciento del total; el resto 336.4 billones, 59.7 por ciento, provendrán de financiación pública. Esta estructura básica de los recursos da cuenta, por una parte, de una tendencia que se ha consolidado desde tiempo atrás: planes de desarrollo desfinanciados por el Estado que, al depender en forma creciente de las fuentes privadas, contribuyen a allanar el camino ya recorrido de un concepto de gerencia pública que responde en lo esencial a la lógica del negocio privado … Por otra parte, es importante señalar que las locomotoras serán financiadas en un 80.9 por ciento (189.7 billones) con inversión privada. Y el resto, 19.1 por ciento (44.7 billones), con inversión pública. Se trata, en lo esencial, de las inversiones que harán las transnacionales en minería, hidrocarburos, represas e hidroeléctricas, y en agrocombustibles. Asimismo, de la inversiones del sector financiero en vivienda (incluidos los megaproyectos de vivienda social) y de aquellas de contratistas de obras de infraestructura”[1]
La locomotora de la minería es la principal apuesta del gobierno de Santos, nuestro territorio está siendo entregado sin las mínimas medidas al capital de las transnacionales, el Tolima no se escapa de esta realidad, el 86% del municipio de Cajamarca tiene títulos mineros, incluida su cabecera municipal y nacimientos de agua, en Ibagué se han entregado 26 títulos mineros de los cuales 23 pertenecen a la multinacional Anglogold Ashanti, conocida por violación a los derechos humanos en África y hasta en nuestro mismos país, en el sur de Bolívar, este avance se da en el marco del genocidio ambiental, de los señalamientos, asesinatos y desplazamientos, del desconocimiento de saberes ancestrales.
Estos títulos mineros se ubican en ecosistemas estratégicos, que cumplen funciones fundamentales para la vida, como lo son los ecosistemas de alta montaña donde el agua es regulada, protegida, reservada, cumpliendo un papel primordial en el ciclo hidrológico, y en la supervivencia de los pueblos de llanura. Cerca del 40% del territorio nacional ya está comprometido y se considera que una gran cantidad de títulos mineros hasta el momento están cumpliendo una función simple en el mercado especulativo. La educación no se escapa de esta situación el PND compromete a las universidades con la educación técnica y tecnológica relacionada a estas locomotoras.
El presidente santos ha señalado en su plan, que la mejor estrategia para elevar las competencias laborales es fortalecer la educación técnica y tecnológica asociada a los sectores “LOCOMOTORAS”, paralelamente se plantea fortalecer las capacidades investigativas de la nación. Ambos elementos cobran su real dimensión cuando se propone además de la expansión del SENA el aumento de doctorados y la articulación de la educación medida y superior.
Esta política lanza importantes retos a la Universidad y los universitarios, en cuanto se pretende que las universidades adecuen su oferta academica, a las necesidades de las locomotoras, con lo que es posible que sigan creciendo nuestras instituciones, los programas tecnológicos y la educación por ciclos propedéuticos, por otra parte se establece que existirá mayor apoyo a los estudios doctorales mediante becas y el ICETEX, siendo la mayoría de ellos inaccesibles por sus elevados costos.
Sin embargo la educación de carácter profesional solo es nombrada para que de manera temprana se establezcan relaciones entre estudiantes y empresas, mediante contratos de aprendizaje, criticados por los estudiantes del SENA, por su precariedad ; todo ello presupone una gran transformación en educación superior y el mercado de trabajo en el mediano y largo plazo.
Rechazo Al Acto Legislativo 016 De 2010 De Sostenibilidad Fiscal.
La regla fiscal propuesta desde el gobierno de Álvaro Uribe, pretende bajo este acto legislativo, someter el cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales de l@s colombian@s a la sostenibilidad fiscal del Estado, eso significa que, en última instancia el Estado responda solo si “tiene recursos con que asumir”, además de si esos derechos se encuentran priorizados o no en los Planes Nacionales de Desarrollo, situación que para el caso colombiano es irreal, dado que “ si se suman los gastos militares y los del servicio de la deuda externa e interna se tiene que estos dos rubros representaron el 41.6 % en 2010”[2] mas de la mitad del presupuesto general de la nación se gastó en el pago de la deuda y la guerra.
Este proyecto pondría graves limitantes al ejercicio social del Estado, derechos fundamentales como la salud, los de la población desplazada -que es de alta vulnerabilidad- y la educación que en su mayoría se han garantizado gracias al ejercicio de instrumentos como la tutela, o las acciones populares, quedarían expuestos a no cumplir su misión fundamental, pues en razón de la sostenibilidad fiscal “se podrá argumentar que la satisfacción de los derechos sociales [se] está violando la garantía del derecho a la sostenibilidad fiscal…
… Este proyecto de acto legislativo, no busca otra cosa que responsabilizar del déficit fiscal colombiano a la constitución política de 1991, al gasto social, y para ser mas precisos a las sentencias que ha proferido la Corte Constitucional sobre la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento y la garantía del derecho a la salud. Es por ello que el objetivo de la reforma constitucional es limitar la intervención de la corte constitucional en la garantía de los derechos fundamentales. Sorprende además que el nuevo gobierno, en este tema eluda asuntos estructurales y fundamentales que conciernen a la política fiscal, referidos al excesivo gasto de la seguridad interna, la deuda pública, la eliminación de las inequitativas gabelas tributarias que otorgo Uribe y la propuesta de una reforma al sistema tributario actual, caracterizado por su regresividad, en el que los que mas tienen son los que menos pagan. ”[3]
Rechazo A La Nueva Ley De Educación Superior, No A La Universidad Con Animo De Lucro.
Es necesario aclarar que la supuesta reforma a la Ley 30 de 1992, no es una reforma, es una NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR que busca liquidar cualquier fuente de transformación social de la Universidad colombiana, por limitada que esta sea, dada las condiciones de marginalidad a las cuales ha sido sometida la institucionalidad universitaria en el país.
La idea de universidad que se postula desde esta iniciativa, se vincula a la formación profesionalizante para atender la demanda en el mercado laboral, eso significa que bajo la agenda de productividad y competitividad que el gobierno ha planteado en su PND, la generación de empleo estará sometida a la inversión privada y a la innovación para la potencializacion de las cinco locomotoras.
La política educativa se enmarca en el subsidio a la demanda sobre el subsidio a la oferta, eso significa que el gobierno Santos, desconociendo la responsabilidad social del Estado vincula la financiación de la educación a la iniciativa individual de los consumidores del servicio educativo, mas no a la garantía del derecho a la educación de los ciudadanos colombianos, de esta forma se consolida el paradigma de la Educacion como mercancía y no como instrumento de liberación y transformación social, los pocos recursos que se destinarán a educación serán condicionados al cumplimiento de indicadores de gestión y calidad propuestos por el MEN y MINHACIENDA, violando cualquier principio de autonomía universitaria.
Cínicamente Santos señala que:
“También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas.
La educación pública –si quiere ser competitiva– no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada.
Y eso –que quede claro– no significa privatizar, sino invertir.”
Con esta propuesta, se abren las puertas a la desinstitucionalización de la Universidad, eso significa que la llegada de inversionistas interesados en invertir su capital en el sistema educativo, someterá las bases investigativas de nuestras casas del pensamiento al interés de la generación de valores agregados en el mercado, basta señalar que en el país ya existen sin ningún rubor Universidades corporativas como la Universidad Chevrolet para Taxistas y la Universidad Colsanitas
Se concibe al sector universitario como una fuente potencial de ganancias, el volumen de recursos del sector estatal asciende hoy a cerca de 2.1 billones de pesos a ello se debe añadir que el gobierno se propone añadir 1.17 billones en los próximos 3 años y espera que los privados pongan cerca de 1.23 billones, al final de este gobierno habría un mercado de educación superior que ascendería a los 5 billones de pesos, una fuente no despreciable de ganancias para el sector financiero, que se aprovecha de la inmensa necesidad que tiene el país y su juventud de acceder a la educación superior.
De manera falaz se dice que el sector universitario debe acompañar el crecimiento económico del país mediante los procesos de innovación, que implican generalmente fortalecer las capacidades investigativas de la nación, sin embargo este plan solo fortalece la educación técnica y tecnológica, con ello se ampliaran aún más las inmensas asimetrías tecnológicas y científicas entre nuestro país y los países industrializados.
Además la inyección de capital privado y la nueva condición de las universidades impondrían categorizaciones entre universidades de primera y universidades de segunda, la U de primera serian aquellas que tienen importantes avances en el desarrollo de la investigación y por tanto la infraestructura y la capacidad de responder a las exigencias del mercado, mientras que las U de segunda categoría que por lo general han tenido procesos investigativos muy parcializados, se dedicarían exclusivamente a la tecnificación y preparación de “Capital Humano”.
El Caso De La Universidad Del Tolima
La Universidad del Tolima no es ajena a este proceso de desmantelamiento de la educación publica, para efectos de este análisis, la Universidad en los últimos años ha incrementado constantemente la política de autofinanciación, siendo asi que en el periodo 2004 – 2010.
“la generación de recursos propios equivalente al pago de matriculas en las modalidades presencial y distancia de la UT ha sufrido un incremento alarmante, cerca del 264% aproximadamente, que en cifras concretas significa, que para el año 2004 ingresaban a las arcas de la UT 9.328 millones de pesos, y para el año 2010 se estimaba que el ingreso seria de 24.655 millones de pesos, casi que se triplicó la entrada de recursos por concepto de matriculas, en este sentido la población estudiantil que se encuentra registrada en la modalidad de educación a distancia es la que más ha aportado al exagerado incremento de este rubro al pasar de generar ingresos por 5.385 millones de pesos a un total esperado de 14.942 millones en el año 2010. Mientras que el aporte en matriculas de la población estudiantil en presencial se ha mantenido entre los 3696 millones de pesos a los 4949 millones…
La entrada por transferencias tanto de la nación como del departamento, no corresponden para nada al incremento que la universidad ha generado por rentas propias, para el periodo 2004 – 2010, los recursos que el Estado le entregó a la Universidad del Tolima fue lentamente en aumento pasando de entregar una cifra que corresponde a los 20933 millones de pesos (2004) a los 29152 millones en 2010, mientras que el Departamento, adeuda históricamente cerca de 63310 millones de pesos desde 1993, y se ha caracterizado por la falta de voluntad política para reconocer su responsabilidad con la Universidad”[4].
En materia académica, la UT se ha dedicado a ampliar su cobertura, sin los mas mínimos criterios de calidad, aun así el MEN ha otorgado en distintas facultades la acreditación de “alta calidad” respondiendo mas a las lógicas empresariales que se ciernen sobre la educación superior tolimense, que reposa sobre el cumplimiento de metas e indicadores de gestión y eficiencia, que a las demandas efectivas de la formación integral de profesionales universitarios.
Para tal efecto, al año 2010, se contaba con el Registro calificado de 40 programas en pregrado, y 17 en posgrado de ambas modalidades, a la vez que ha adelantado la acreditación de alta calidad de 6 de sus programas en pregrado.
La política académica impulsada por las directivas universitarias, refleja un decidido avance hacia la construcción de una universidad dedicada a la preparación profesionalizante que exclusivamente se inserte en las lógicas del mercado laboral, y la formación permanente o para toda la vida, fruto de ello la política institucional de integrar la preparación por ciclos propedéuticos, lo cual ha venido tomando relevancia en la mayoría de las facultades de la U.
Toda esta situación se da en un clima donde la academia se ha visto totalmente sometida a los malos manejos administrativos, en casos como la plataforma academusoft y las matriculas se refleja la poca operancia de sus encargados, el bienestar universitario tan solo reflejado en el restaurante en el que no existe ni la mas mínima regulación de sus beneficiarios, ni un real estudio de la comunidad que requiere de él, la discriminación persistente después de 50 años con las estudiantes al no existir residencias femeninas, violando claramente el derecho a la igualdad consagrado en la CP 91, la perdida de las granjas de la universidad como posibles centros de investigación, hoy con planes de convertirlas en autosostenibles obedeciendo en ese sentido a tener que producir lo que mejor se venda.
En la UT este semestre se han venido adelantando diferentes procesos asamblearios como el de ciencias humanas y artes, teniendo como principal exigencia la contratación de profesores de planta, la actualización bibliográfica, la apertura para los estudiantes en los procesos curriculares y de autoevaluación, igualmente los compañeros de educación física, vienen de un largo proceso de cierre y apertura de la carrera por la falta de escenarios deportivos en la UT, la facultad de educación se ha venido reuniendo con el propósito de salir al frente de las intenciones mediocres de la doble titulación, estos entre otros procesos que reclaman el mejoramiento de la calidad académica, de bienestar universitario y la creación colectiva del presupuesto de la universidad.
En defensa de la VIDA, las libertades democráticas y el respeto a los Derechos Humanos en las universidades de todo el país.
En el marco de la movilización en contra del PND y la nueva ley de educación, el gobierno y las fuerzas paraestatales han incrementado su accionar contra la protesta universitaria, en ese sentido, en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios un destacado dirigente de la U de Antioquia fue ultimado por fuerzas paramilitares en Medellín, y la respuesta a la movilización callejera por parte del gobierno ha sido la de desplegar el ESMAD –quien ha sido el responsable del asesinato de más de 12 estudiantes desde su creación – y amenazar con la ocupación de la universidades por la fuerza policíal, estigmatizando de terroristas a quienes han salido a defender el carácter público de la educación superior.
En los últimos días, han llegado correos amenazantes a dirigentes de distintas organizaciones estudiantiles de la UT, firmado por grupos autodenominados de AUC Tolima, con el objetivo de sabotear y reducir las voces de protesta al interior de la universidad.
Por lo tanto llamamos a tod@s a movilizarnos y romper el cerco del silencio que protege a los cobardes que desean una Universidad acrítica y domestica, para los intereses del mercado y el gobierno.
[1] ESTRADA, Álvarez Jairo. Las cifras de la prosperidad para todos. Revista Izquierda No 10. http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0010/izq0010_a04.pdf
[2] SANDOVAL, Salazar Martha Yaneth. El derecho a la sostenibilidad fiscal limita el alcance de la corte constitucional. Caja de Herramientas No 137. Septiembre 2010. Bogotá D.C. p. 8
[3] Ibid. p. 9
[4] Informe de la delegación de estudiantes de la UT al Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios Manizales 24 – 25 de Abril de 2010.
Que mas razones, motivos y ganas que estas para salir a las calles multitudinariamente, como hace mucho no lo hace la UT. Recordemos que las marchas del 2007 si tuvieron un buen resultado despues de todo, el articulo 38 del PND, que hablaba sobre la obligación que tendrian las U de asumir el pasivo pensional, se le fue a Uribito por el piso.
ResponderEliminarDemos lo mejor de nosotros para rechazar este paquete legistalivo, y plantearnos una nueva ley de educación que sea fruto de los universitarios y los diferentes sectores sociales, no olvidemos la situación precaria que atraviesa la UT, que todo esto nos sirva de insumo para levantar una vez mas nuestra voz de PROTESTA E INCONFORMIDAD...