El intercambio humanitario, atención médica a los prisioneros de guerra y la salida dialogada deben constituir los ejes de una verdadera política de Derechos Humanos y paz
1. Los recientes anuncios de la guerrilla de las FARC- EP, respecto a la liberación unitaleral de cinco (5) personas en poder de éste grupo insurgente, entre los que se incluyen tres uniformados del ejército y la policía y dos concejales uno de San José del Guaviare y el otro de Garzón (Huila), constituyen un importante gesto político y un paso para la liberación de todas las personas que se encuentran en injusto cautiverio.
2. Dicho acto debe ser interpretado por el gobierno nacional, como una posibilidad para sentar las bases de una solución política y negociada al conflicto y no como el pretexto para profundizar la “política de seguridad democrática”, en especial, en la táctica operacionalde “TIERRA ARRASADA”, empleada por parte de las fuerzas militares y el paramilitarismo, aún vigente; práctica que ha venido ocurriendo sistemáticamente en varias zonas del sur del país y que ha tenido como principales víctimas su población civil.
3. La Salida dialogada, pacífica y el intercambio humanitario, deben constituir los ejes de una verdadera política de derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte del actual gobierno y no el catálogo de buenas intenciones, que en la práctica, no han solucionado la grave crisis humanitaria que vive el país y que se refleja en el incremento del accionar paramilitar, las agresiones a indígenas, campesinos y niños, la persecución e injusta judicialización de defensores de derechos humanos,por parte de la fuerza pública y el aparato de seguridad del Estado.
4. El CPDH propone al gobierno nacional, generar las condiciones para un intercambio humanitario y, en especial,la liberación de los muchos de los presos políticos que se encuentran hoy en las cárceles colombianas enfermos, mutilados y con heridas ocasionadas en el desarrollo del conflicto, los cuales reciben atención médica precaria y/o nula; en la mayoría de los casos campesinos detenidos arbitrariamente acusados injustamente de ser “auxiliadores” de la guerrilla, en general un conjunto de situaciones, que violan los más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario.
5. Si fuera cierto los reiterados anuncios del gobierno de que el conflicto está controlado militarmente, los cuantiosos recursos de la guerra gastados indebidamente debieran dirigirse a resolver el enorme drama que viven las víctimas de inundaciones y derrumbes en varias regiones del país.
Bogotá, 16 de enero del 2011.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CPDH)
2. Dicho acto debe ser interpretado por el gobierno nacional, como una posibilidad para sentar las bases de una solución política y negociada al conflicto y no como el pretexto para profundizar la “política de seguridad democrática”, en especial, en la táctica operacionalde “TIERRA ARRASADA”, empleada por parte de las fuerzas militares y el paramilitarismo, aún vigente; práctica que ha venido ocurriendo sistemáticamente en varias zonas del sur del país y que ha tenido como principales víctimas su población civil.
3. La Salida dialogada, pacífica y el intercambio humanitario, deben constituir los ejes de una verdadera política de derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte del actual gobierno y no el catálogo de buenas intenciones, que en la práctica, no han solucionado la grave crisis humanitaria que vive el país y que se refleja en el incremento del accionar paramilitar, las agresiones a indígenas, campesinos y niños, la persecución e injusta judicialización de defensores de derechos humanos,por parte de la fuerza pública y el aparato de seguridad del Estado.
4. El CPDH propone al gobierno nacional, generar las condiciones para un intercambio humanitario y, en especial,la liberación de los muchos de los presos políticos que se encuentran hoy en las cárceles colombianas enfermos, mutilados y con heridas ocasionadas en el desarrollo del conflicto, los cuales reciben atención médica precaria y/o nula; en la mayoría de los casos campesinos detenidos arbitrariamente acusados injustamente de ser “auxiliadores” de la guerrilla, en general un conjunto de situaciones, que violan los más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario.
5. Si fuera cierto los reiterados anuncios del gobierno de que el conflicto está controlado militarmente, los cuantiosos recursos de la guerra gastados indebidamente debieran dirigirse a resolver el enorme drama que viven las víctimas de inundaciones y derrumbes en varias regiones del país.
Bogotá, 16 de enero del 2011.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CPDH)
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