Los mandos militares de la VI Brigada y del Batallón Rooke tendrán que responder por masacre deCajamarca. Foto archivo
Tomado de: Semanario VOZ Edicion 2572
Al ratificar la condena contra los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en la masacre de varios campesinos en la zona rural del municipio de Cajamarca, Tolima, en 2003, el Tribunal Superior de Bogotá pidió que se investigue a la línea de mando de la VI Brigada y del Batallón Jaime Rooke de la época, porque trataron de desviar la investigación de la Fiscalía y atribuyeron
la responsabilidad a grupos paramilitares, cuando, por el contrario, se comprobó que fueron uniformados de los dos batallones instalados en Ibagué.
La masacre se cometió entre el 2 y el 7 de noviembre de 2003 por soldados de la compañía Búfalo, de la Sexta Brigada, que se hicieron pasar como paramilitares del Bloque Tolima. Por los hechos están condenados un cabo, un soldado y el mayor Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, quien también
trabajó para Diego León Montoya, alias don Diego”. En el expediente se dice que las tropas cometieron los crímenes selectivamente entre el 2 y el 7 de noviembre de 2003, guiadas por un
informante identificado como Rodrigo Molina Prieto, que señalaba a las víctimas porque supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla.
El domingo 2 de noviembre, los miembros de la Fuerza Pública, secuestraron a John Jairo Iglesias, José Céspedes, y Wilson Quintero. El jueves 6 de noviembre, a las dos de la tarde, el mismo grupo de uniformados, en la vereda Potosí, corregimiento de Anaime, Cajamarca, se llevó a Marco
Antonio Rodríguez y a Ricardo Espejo, fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Sintragritol). El 11 de noviembre los vecinos conocieron de la existencia de fosas comunes
en la finca “La Florida” y allí fueron hallados los cadáveres descuartizados de: Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55 años, Ricardo Espejo de 30 años y José Céspedes de 30 años, todos agricultores y habitantes de la región.
Además, testigos hablan de 18 personas desaparecidas y el abandono de las fincas locales.Durante la investigación, varios familiares de las víctimas fueron amenazados y obligados a abandonar la región.
Pese a los testimonios y a los graves indicios que apuntaban hacia integrantes de la compañía Búfalo de la VI Brigada, los mandos militares de la brigada y del Batallón Jaime Rooke insistieron en que se trataba de paramilitares, pero se comprobó que ese día no habían transitado por allí fuerzas irregulares y la única presencia fue la de los uniformados.
Las víctimas fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas en un cuadro macabro, que conmovió a los ibaguereños y a los investigadores.
Un campesino que se salvó de ser asesinado por los militares contó cómo los llevaron hasta la parte alta de la vereda y allí, luego de torturarlos, los asesinaron y los enterraron en una fosa común que fue encontrada por habitantes de la zona y los cadáveres exhumados por parte de la Fiscalía.
Por estas razones, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá compulsaron copias a la Fiscalía para que investiguen a la línea de mando de la Sexta Brigada del año 2003.
Organizaciones No Gubernamentales se han comprometido a hacerle seguimiento a la investigación para que todos los responsables paguen por la execrable masacre. Una vez conocido el fallo del Tribunal comenzaron las amenazas contra varios familiares de las víctimas residentes en Ibagué.
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