Viernes Mayo 20 de 2011, 8:56:10 PM
Dos meses han pasado desde que el Gobierno presentó la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, y salvo decenas de eventos de análisis, el panorama es confuso: La ministra se mantiene en su posición de que “la reforma va porque va”, en los puntos sustanciales de la misma no se ha cedido en un espacio de negociación, quienes la defienden lo hacen tímidamente, y quienes la rechazan son vehementes en posiciones específicas, pero no hay un protagonista que reúna integralmente, y con autoridad, los puntos de la discordia para presentarlos al Ministerio.Parece como si todo se estuviera reservando para medir quién tiene mayor capacidad de negociación en el Congreso, con el temor de que lo que resulte de allí pueda tener impactos no contemplados por nadie, dado el desconocimiento y múltiples intereses políticos de los honorables padres de la patria.
No es un debate académico. La verdad, ese no ha existido, no sólo por la falta de rigor en el texto del articulado, por la manera como se desconoció el aporte de la comunidad académica y por la falta de interlocución real por parte del Ministerio, sino –y tal vez lo más preocupante- porque en todos los escenarios universitarios resuenan las mismas preguntas sin respuesta formal: ¿Cuál es el proyecto de país al que Colombia le pretende apuntar con esta reforma?, ¿De qué investigación estamos hablando?, ¿En dónde refleja, realmente, el proyecto un interés por la calidad educativa?. Es más, si no fuera por el tema de IES con ánimo de lucro y tipología institucional, la pregunta que aparece es si realmente es necesario reformar la Ley 30 de 1992.
El debate pasa entonces a ser político. Cada “bando” (léase Gobierno y grupos independientes defensores de sus propios intereses: SUE, ASCUN, ACIET, Normales, pescadores en río revuelto, inversionistas interesados en comprar IES…), está atrincherado buscando los contactos necesarios para “alinear” a representantes y senadores de las respectivas comisiones sextas, que es donde llegará el proyecto, para medir fuerzas y tratar de sacar adelante, modificar o hundir el proyecto.
El Ministerio usa sus millonarios recursos para hacer eventos sobrados en condiciones de logística e invitados internacionales versus los eventos de quienes quieren dar una opinión crítica. Ya hizo un primer gran evento internacional en Bogotá, para ir aclimatando el tema, y foros en todas las regiones, y esta semana hará uno nuevo, específicamente dirigido a analizar las experiencias de otras países que han incluido el modelo de universidades con ánimo de lucro.
Y aunque la ministra públicamente dice que esperará lo necesario hasta que el país se pronuncie completamente frente al tema, para algunos esto es un sofisma y aprovechará la época de vacaciones universitarias para radicar el proyecto.
Para la ministra, los foros y los escenarios virtuales podrían ser suficiente muestra de discusión del proyecto y mostrarle al presidente Santos que lo que radicará es una propuesta consensuada con el país.
Entre tanto, otras personas, según las normas y la Constitución Política, consideran que el sólo hecho presentar el proyecto para opinar no es suficiente y el proyecto se caerá por inconstitucionalidad, al negar la esencia del artículo segundo de la Constitución sobre el deber de participar en todas las decisiones que tome el Estado y afecte a la comunidad, no sólo estando en foros, sino participando desde la génesis de los proyectos.
El proyecto no llegará al Congreso tal y como fue presentado en marzo pasado. La ministra ha anunciado que se presentará una nueva propuesta, en la que seguramente se hará mucho bombo en los aspectos que se modificarán (así estos no sean sustanciales), para tratar de mostrar una visión conciliadora, y recurrir a una estrategia de desgaste en la discusión, de tal manera que muchos académicos piensen que no se puede hacer nada frente a la “maquinaria” del Gobierno en el Congreso.
Una segunda y muy hábil estrategia del Gobierno ha sido la de dar gusto a diversos sectores del mundo académico para mitigar los cuestionamientos a la reforma y, a su vez, evitar un real consenso entre los sectores universitarios sobre qué contrapresentar o discutir realmente al Gobierno: Las IES no universidades (léase ACIET, por ejemplo), defienden la propuesta, porque la misma les da plena autonomía y les permitirá extenderse en su oferta educativa; las normales también defienden sus intereses; el CNA parece molesto pero no ha sabido reaccionar o no quiere
causar diferencias abiertas con el MEN (por aquello de poder y dinero); algo parecido sucede con Colciencias; las universidades públicas siguen inconformes con el esquema de financiamiento, a pesar de que recibirían un poco más que lo que les daría el proyecto que había dejado radicado la anterior ministra Cecilia María Vélez; y ASCUN se mueve en muchos frentes tratando de no resbalar, pues en el fondo tiene una posición poco cómoda: Tratar de mantener buenas relaciones, y contratos, con el MEN, pero a su vez intentando defender los intereses de las grandes
universidades acreditadas institucionalmente con los de las universidades “tradicionales” que perderían su estatus si no se acreditan institucionalmente, y con un discurso-propuesta de reforma estatutaria de la educación superior, que es más un deseo que una posibilidad real.
Por ahora, cada parte sigue en su esfuerzo de hacer bulla y convencer a políticos y al país de lo que realmente significa e impacta la propuesta de reforma, más allá de la simple y recortada mirada de los medios de comunicación, que creen que ésta es un problema de recursos del Estado para la Universidad Pública y nada más.
Mientras tanto el SUE, en alianza con ASCUN, viene trabajando en comisiones de estudio para organizar, excepcionalmente, un Consejo Nacional de Rectores Extraordinario, en junio próximo. Estas comisiones están integradas por rectores, vicerrectores, decanos, secretarios generales y jefes de planeación, y tratarán los temas de 1) Autonomía e Inspección, Vigilancia y Control, bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Colombia; 2) Calidad e Investigación, coordinada por la Universidad de Antioquia; 3) Principios de la Educación Superior y Equidad, a cargo de la Universidad de Caldas; 4) Financiación de la Educación Superior, a cargo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y 5) Estructura de la Educación Superior y Gobernabilidad, bajo la coordinación de la Universidad del Cauca.
Por ahora, la academia pareciera sentirse más cómoda con la criticada Ley 30 de 1992 que con una reforma a la misma, y por lo mismo no gasta afán en la discusión. Tiempo que, precisamente, en palabras de la ministra, el Gobierno no tiene, no sólo porque desearía pasar a la historia por haber modificado la Ley, después de 19 años, sino porque no puede esperar a que el invierno, los escándalos de corrupción y el próximo proceso electoral desgaste su capital político en el Congreso de la República.
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