Oidhaco en El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Colombia menoscaba los derechos de las víctimas al desconocer el conflicto armado y la existencia de grupos paramilitares.
Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco, respalda la recomendación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación colombiana, que insiste en la necesidad de aumentar esfuerzos por encontrar vías de diálogo que permitan salir de la situación de conflicto armado interno y “lograr una paz sostenible y duradera”.
El 23 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Numerosos países como organizaciones expresaron sus preocupaciones frente a la grave situación que sigue viviendo Colombia. Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco, habló sobre lo preocupante que es “el hecho de que Colombia desconozca la existencia del conflicto armado en este país, como así lo ratificó el discurso del vicepresidente Angelino Garzón frente a este Consejo”. Vallies destacó que “esta negación tiene consecuencias graves porque menoscaba el derecho de las víctimas, dificulta la exigencia del respeto al Derecho Internacional Humanitario, y representa un obstáculo para avanzar en la consecución de vías de diálogo que tanto necesita la sociedad colombiana”.
El portavoz de Oidhaco, respalda el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en la preocupación frente al aumento de la violencia generada por los grupos paramilitares de extrema derecha responsables de un incremento del 40% de las masacres en el país en el último año. La Unión Europea señaló el “aumento de la violencia contra civiles y la persistencia de los asesinatos y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”. Así mismo el informe de la Alta Comisionada expresa su preocupación por los niveles de violencia en contra de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, sindicalistas y profesores. En particular se expresaron inquietudes frente al riesgo que viven los y las líderes que están al frente de los procesos de restitución de tierras – como lo muestran tres asesinatos durante esta semana: el martes asesinaron a un líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; este jueves en Medellín a un líder de la Fundación Forjando Futuro, entidad que asesora a los reclamantes de tierras en la región de Urabá, al noroeste colombiano; y el mismo día a un líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado de la región de Sucre, al norte del país. Oidhaco comparte las críticas expresadas por la Comisión Colombiana de Juristas sobre el mecanismo anunciado por el gobierno Colombiano y se pregunta “porqué Colombia no ha ido cumpliendo con las recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado para la mejora de los sistemas de prevención y protección”.
En su discurso ante el Consejo, Vallies señaló como muy grave, el desconocimiento por parte del gobierno colombiano de la existencia de los grupos paramilitares. “La violencia ejercida por esos grupos cuenta, como lo dice la Alta Comisionada, ‘en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia (…) de algunos miembros de la fuerza pública’”. “Esa negación del paramilitarismo”, advierte el portavoz, “tiene especial gravedad para el reconocimiento del derecho de las víctimas, así como sobre la responsabilidad que le cabe al Estado colombiano por las acciones de esos grupos”.
Para Oidhaco “es sintomático que un país como Suecia dedique todo su tiempo de palabra ante este Consejo al conflicto que sufre Colombia”. “Suecia”, subraya Vallies, habló de la preocupación que tiene sobre la “situación de mujeres y niños en el conflicto armado interno y, especialmente, la frecuencia de la violencia sexual”, y sugiere al gobierno colombiano que invite al relator especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres”. “Colombia”, afirma Vallies, “en su presentación no mencionó este gravísimo problema que evidencia que allí se está empleando la violación como arma de guerra”.
“De otro lado”, sigue Vallies, “la impunidad sigue siendo muy alta y no vemos que se estén tomando medidas para enfrentar ese grave fenómeno”. La Alta Comisionada afirma que ‘muchas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH siguen tratándose como asuntos de justicia militar’. El informe recomienda que estos asuntos ‘deberían entrar dentro de la competencia de tribunales civiles como medida para combatir la impunidad y asegurar la justicia y la transparencia’, aspecto que también fue destacado por la representante de Suecia durante su intervención. Como un ejemplo flagrante de los mecanismos de la impunidad en el país, la Comisión Colombiana de Juristas, invitada también a esta sesión del Consejo, denunció que el pasado martes 22 de marzo, la juez colombiana que lleva el caso ‘de violencia sexual y asesinato de tres menores por miembros del ejército, fue asesinada en la región de Arauca, al noreste de Colombia’.
Oidhaco, por último, a través de Vallies, le pidió al gobierno colombiano “revisar conjuntamente con las organizaciones afectadas, los mecanismos de prevención y protección que existen. ¿Para qué mecanismo nuevos si existen análisis y propuestas para mejorar los ya existentes?”. “El Consejo” solicitó Vallies, “debería prestar especial atención a la coherencia entre las diferentes políticas de protección y verificar la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada en esta materia”.
El portavoz de Oidhaco, respalda el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en la preocupación frente al aumento de la violencia generada por los grupos paramilitares de extrema derecha responsables de un incremento del 40% de las masacres en el país en el último año. La Unión Europea señaló el “aumento de la violencia contra civiles y la persistencia de los asesinatos y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”. Así mismo el informe de la Alta Comisionada expresa su preocupación por los niveles de violencia en contra de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, sindicalistas y profesores. En particular se expresaron inquietudes frente al riesgo que viven los y las líderes que están al frente de los procesos de restitución de tierras – como lo muestran tres asesinatos durante esta semana: el martes asesinaron a un líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; este jueves en Medellín a un líder de la Fundación Forjando Futuro, entidad que asesora a los reclamantes de tierras en la región de Urabá, al noroeste colombiano; y el mismo día a un líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado de la región de Sucre, al norte del país. Oidhaco comparte las críticas expresadas por la Comisión Colombiana de Juristas sobre el mecanismo anunciado por el gobierno Colombiano y se pregunta “porqué Colombia no ha ido cumpliendo con las recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado para la mejora de los sistemas de prevención y protección”.
En su discurso ante el Consejo, Vallies señaló como muy grave, el desconocimiento por parte del gobierno colombiano de la existencia de los grupos paramilitares. “La violencia ejercida por esos grupos cuenta, como lo dice la Alta Comisionada, ‘en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia (…) de algunos miembros de la fuerza pública’”. “Esa negación del paramilitarismo”, advierte el portavoz, “tiene especial gravedad para el reconocimiento del derecho de las víctimas, así como sobre la responsabilidad que le cabe al Estado colombiano por las acciones de esos grupos”.
Para Oidhaco “es sintomático que un país como Suecia dedique todo su tiempo de palabra ante este Consejo al conflicto que sufre Colombia”. “Suecia”, subraya Vallies, habló de la preocupación que tiene sobre la “situación de mujeres y niños en el conflicto armado interno y, especialmente, la frecuencia de la violencia sexual”, y sugiere al gobierno colombiano que invite al relator especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres”. “Colombia”, afirma Vallies, “en su presentación no mencionó este gravísimo problema que evidencia que allí se está empleando la violación como arma de guerra”.
“De otro lado”, sigue Vallies, “la impunidad sigue siendo muy alta y no vemos que se estén tomando medidas para enfrentar ese grave fenómeno”. La Alta Comisionada afirma que ‘muchas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH siguen tratándose como asuntos de justicia militar’. El informe recomienda que estos asuntos ‘deberían entrar dentro de la competencia de tribunales civiles como medida para combatir la impunidad y asegurar la justicia y la transparencia’, aspecto que también fue destacado por la representante de Suecia durante su intervención. Como un ejemplo flagrante de los mecanismos de la impunidad en el país, la Comisión Colombiana de Juristas, invitada también a esta sesión del Consejo, denunció que el pasado martes 22 de marzo, la juez colombiana que lleva el caso ‘de violencia sexual y asesinato de tres menores por miembros del ejército, fue asesinada en la región de Arauca, al noreste de Colombia’.
Oidhaco, por último, a través de Vallies, le pidió al gobierno colombiano “revisar conjuntamente con las organizaciones afectadas, los mecanismos de prevención y protección que existen. ¿Para qué mecanismo nuevos si existen análisis y propuestas para mejorar los ya existentes?”. “El Consejo” solicitó Vallies, “debería prestar especial atención a la coherencia entre las diferentes políticas de protección y verificar la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada en esta materia”.
Marzo 30 de 2011 | 10:03 AM. | Noticias
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